El Congreso busca equiparar los aplicativos con los taxis tradicionales: este sería el impacto de la norma

La noticia remeció no solo en Argentina sino también en varias ciudades de América Latina. El último 7 de mayo, la justicia del país austral estableció que los conductores de plataformas deben contar con licencia profesional y otras exigencias de los taxis tradicionales. Este reciente fallo es un tema que se discute también en el Perú: si estos servicios digitales deben ser tratados como el transporte convencional o si requieren un marco regulatorio propio. Y es que el Congreso de la República lleva meses impulsando una serie de iniciativas legislativas que buscan establecer un marco normativo para las plataformas de movilidad, conocidas de forma general —y no del todo precisa— como “taxi por aplicativo”. La discusión ha abierto dos posturas claras: tratarlas como si fueran taxis tradicionales o reconocerlas como un modelo distinto, basado en tecnología digital.

Diversos proyectos plantean modificar las condiciones bajo las cuales operan estas aplicaciones, lo que ha encendido un debate de fondo. Por un lado, si deben cumplir las mismas reglas que el taxi convencional o necesitan una regulación diferenciada que tome en cuenta su naturaleza digital y su funcionamiento a través de plataformas.

¿Por qué el legislativo quiere igualar el taxi con las plataformas?

En el centro de la discusión está el alcance del modelo. El abogado especialista en derecho digital Erick Iriarte Ahon ha declarado en medios de comunicación que los entornos digitales ya forman parte del sistema jurídico y económico vigente, por lo que no están al margen de la regulación. Sin embargo, advierte que eso no implica que deban recibir el mismo tratamiento normativo que los servicios tradicionales. “Las modalidades son distintas. No significa que una esté regulada y la otra no, sino que requieren tratamientos normativos diferentes”, señala.

Iriarte explica además que las aplicaciones de movilidad incorporan herramientas propias del entorno digital, como verificación de identidad, geolocalización en tiempo real y sistemas de calificación, lo que las diferencia del taxi que recoge pasajeros en la vía pública. En su opinión, estas particularidades deberían ser consideradas al momento de diseñar cualquier marco legal.

Otros especialistas en transporte comparten la misma postura sobre la propuesta del congreso de equiparar el aplicativo con el taxi. «Para la ATU, este servicio es equivalente al del auto colectivo: informal e ilegal, pues no existe una norma que defina este tipo de tratamiento legal. Es una locura porque ya hemos visto que, incluso en el reporte de Lima Cómo Vamos, en la última encuesta de movilidad, el aplicativo de movilidad es uno de los servicios más requeridos, sobre todo por mujeres. Es un modelo que da mucha más seguridad comparándolo con un taxi o con un microbús», sostiene Roberto Vélez, gerente general de A Movernos.

La norma del Congreso que equipara el taxi y el aplicativo

La iniciativa más avanzada dentro del Congreso para equiparar el taxi y el aplicativo es el Proyecto de Ley N.° 842, impulsado por el congresista José Luis Elías Ávalos (Podemos Perú). Su texto sustitutorio fue aprobado por el Pleno el 15 de mayo de 2025, luego de incorporar diversos aportes durante su tramitación. Aunque la versión más reciente evita referirse explícitamente al servicio como “servicio público”, mantiene un esquema en el que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) tendrían facultades de supervisión bajo reglas similares a las del taxi tradicional.

Para algunos especialistas, el punto crítico no es la regulación en sí misma, sino la posibilidad de aplicar normas pensadas para el transporte convencional a un modelo que funciona de manera distinta. En ese escenario, se ha planteado la exigencia de licencias profesionales A-IIa para los conductores de plataformas, lo que implicaría costos y trámites adicionales. Según sus críticos, esta medida podría reducir la cantidad de conductores disponibles, especialmente aquellos que usan estas aplicaciones como ingreso complementario.

Una menor oferta de conductores, advierten, tendría efectos directos en los usuarios: mayores tiempos de espera y posibles incrementos en las tarifas, alterando una de las principales ventajas del servicio, que es su flexibilidad y disponibilidad inmediata.

¿Qué dicen las empresas de aplicativo?

Carlos Andrés Mendoza, Country Manager de Cabify Perú, ha declarado públicamente que el debate debe partir de una comprensión clara del modelo de plataformas. Según explica, estas empresas no funcionan como taxis tradicionales, sino como intermediarios tecnológicos que conectan a pasajeros y conductores en un servicio privado. Desde esa perspectiva, advierte que trasladar exigencias del transporte público podría generar efectos contraproducentes en la experiencia del usuario.

Entre los riesgos que menciona están la reducción de conductores activos, el aumento de la demanda insatisfecha y el encarecimiento del servicio. Incluso señala que una regulación excesivamente rígida podría empujar a parte de los usuarios hacia alternativas informales, sin canales de trazabilidad ni soporte.

Taxi vs. aplicativo: los riesgos de la norma del Congreso

Otro punto que ha generado preocupación es la forma en que se ha desarrollado el proceso legislativo. Durante la discusión del Proyecto de Ley N.° 842 se han presentado distintas versiones del texto en etapas avanzadas, lo que, según especialistas, habría limitado un análisis técnico más profundo dentro de la Comisión de Transportes y Comunicaciones.

«Este modelo es el típico ejemplo de lo difícil que sigue siendo introducir tecnología a la movilidad. Lo vemos en este caso y también en el de la fiscalización electrónica.  Se intenta implementar sistemas que sancionen el exceso de velocidad, pero las mismas autoridades terminan truncando esos avances. Si no aplicamos tecnología a un sistema de movilidad moderno, nunca vamos a desarrollarnos como un país que aspira a ser desarrollado. Por eso, lo que corresponde es poner de acuerdo a las autoridades, al Congreso, a la sociedad civil y a los empresarios para construir una regulación real que permita formalizar este servicio. La contradicción es evidente: hasta el mismo aeropuerto Jorge Chávez tiene un convenio con una de estas empresas para transportar pasajeros. Entonces, ¿cómo es posible que todavía no pueda legalizarse mediante una norma de ley?», cuestiona Vélez, desde A Movernos.

¿Tecnología o burocracia?

Desde el lado empresarial, se plantea que una regulación equilibrada debería centrarse en estándares de seguridad, transparencia y competencia, más que en imponer requisitos propios del transporte tradicional. Mendoza señala que herramientas tecnológicas como botones de emergencia, verificación de identidad, sistemas de evaluación y canales de atención pueden ser más relevantes que un incremento de trámites.

También recuerda que, a diferencia del taxi, los conductores de aplicativo operan como usuarios independientes que se conectan de manera flexible, sin exclusividad con una sola plataforma, lo que forma parte central del modelo que hoy quiere cambiar el congreso. Por ello, considera que cualquier regulación debería respetar esa lógica de funcionamiento.