Taxis colectivos hasta 2031: los riesgos de una medida del congreso contra la seguridad vial

  • 21 de abril del 2026

  • Seguridad Vial Transporte Público

La Comisión de Transportes del Congreso aprobó ampliar la vigencia de la Ley 31096, que regula el servicio de taxis colectivos, hasta el 2031. La decisión, que tenía vigencia hasta el 2027, extiende por cuatro años adicionales una norma que nació en el 2020 como una medida temporal para ordenar una actividad ya extendida en distintas regiones del país. 

La norma permite el funcionamiento de taxis colectivos bajo un sistema de empadronamiento y condiciones básicas, fuera de Lima y Callao. Sin embargo, especialistas advierten que el modelo no ha logrado establecer controles efectivos sobre la operación del servicio, cuyos choferes operan sin SOAT de transporte público, ni paraderos definidos, sin licencia profesional y con un negocio basado en la velocidad.

Taxis colectivos y ampliación de la Ley 31096 en el congreso sin cambios de fondo

Para el experto en transporte Roberto Vélez, gerente general de la Asociación A Movernos, el enfoque adoptado desde el Congreso sobre los taxis colectivos responde más a decisiones políticas que técnicas.

“El gran problema con respecto al taxi colectivo es que el tema se ha politizado desde el Congreso. El Congreso no está siguiendo lineamientos técnicos de política pública, sino que está, de alguna manera, protegiendo esta actividad ilícita e ilegal”, sostiene.

El especialista remarca que la ampliación de la Ley 31096 no implica una política pública orientada al ordenamiento del transporte. “No puede de ninguna manera tomarse como una política pública esta ampliación. Está completamente acreditado que lo que necesitamos es promover un transporte formal y ordenado, y en la medida que no se haga, el caos seguirá incrementándose”, añade.

Seguridad vial: vehículos inadecuados y operación riesgosa

Uno de los principales cuestionamientos al taxi colectivo está vinculado a la seguridad vial. Gran parte de estas unidades son vehículos diseñados para uso particular categoría M1 —como sedanes o minivanes— que no están preparados para transportar pasajeros por carretera.

A ello se suma la sobrecarga de ocupantes y sin revisión técnica. En varios accidentes registrados en el país, las unidades involucradas presentaban fallas mecánicas o condiciones que incrementaban el riesgo para los pasajeros.

El modo de operación también influye. Al no tener paraderos definidos ni rutas estrictas, los conductores recogen pasajeros en cualquier punto de la vía. Esto genera frenazos intempestivos, detenciones peligrosas y cambios de carril sin señalización.

Estos patrones elevan la probabilidad de siniestros. En los últimos años, se han reportado accidentes con múltiples víctimas en los que taxis colectivos estuvieron involucrados.

Competencia con transporte formal: lo que el congreso ignora sobre los taxis colectivos

El impacto del taxi colectivo también se refleja en la estructura del sistema de transporte. Según Vélez, este servicio compite directamente con sistemas formales.

“En Lima esto afecta, por ejemplo, a los corredores complementarios; afecta igualmente al Metropolitano, porque compite de manera ilegal”, afirma. “Estas son economías que no pagan impuestos y, en la medida que no hay un camino hacia la formalidad, operan de manera irrestricta y no se les fiscaliza”.

El especialista señala que la lógica de captación de pasajeros reproduce prácticas informales. “En la medida que estos transportistas no estén en planilla y no recojan pasajeros en paraderos determinados, sino que estén luchando por el pasaje en la guerra del centavo, el problema se mantiene”, indica.

Más vehículos y mayor congestión

Otro de los efectos asociados al crecimiento del taxi colectivo es el aumento del parque automotor. A diferencia de los sistemas masivos, que transportan a más personas en menos unidades, este servicio multiplica los autos en circulación.

“También está acreditado que a medida que hay más vehículos, hay más caos”, afirma Vélez. “Se necesitan vehículos de gran tamaño para llevar a los pasajeros, y estos colectivos en automóviles, en la medida que se sigan multiplicando, contribuyen a que el tráfico quede paralizado”.

En ciudades como Lima, este fenómeno se traduce en una menor velocidad de desplazamiento. “Un vehículo está ahora a menos de 12 kilómetros por hora debido a la alta carga vehicular”, precisa.

Fiscalización limitada y controles insuficientes

La capacidad del Estado para supervisar el servicio es otro punto crítico. Aunque existen disposiciones para fiscalizar a los taxis colectivos, en la práctica los controles son limitados, algo que el congreso parece no querer ver.

“Definitivamente, el Estado no tiene capacidad real para fiscalizar, porque lo que están intentando es que esta fiscalización sea con personal físico”, explica Vélez.

El especialista plantea que el control debe cambiar de enfoque. “Lo que se tiene que desarrollar es una fiscalización electrónica”, sostiene. Además, advierte que la presencia de autoridades en las calles es cada vez menor: “La policía prácticamente ya no está fiscalizando”.

Lo último sobre el taxi colectivo y el congreso

Uno de los argumentos a favor de los taxis colectivos es su rol como fuente de ingresos para miles de conductores y su derecho al trabajo. Sin embargo, Vélez cuestiona que ese factor se utilice sin plantear soluciones estructurales.

“Bajo el pretexto de que estas personas tienen que trabajar, es una manera muy facilista”, señala. El especialista menciona experiencias en ciudades como Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires, donde se implementaron procesos progresivos para integrar servicios informales a sistemas regulados.

“El Estado tiene que dar facilidades y hacer un cronograma para que las empresas que tengan voluntad puedan acogerse a la formalidad”, indica. Esto implica una transformación hacia la formalización del transporte público tradicional, llevando finalmente a operar en rutas definidas, a recoger pasajeros en paraderos establecidos, subsidios o exoneraciones para la adquisición de flota nueva de buses y contando con esquemas laborales empresariales formales.

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