Transporte informal: proyecto plantea hasta seis años de cárcel para conductores que pongan vidas en riesgo

Un proyecto de ley presentado por la diputada Roxana Rocha, de Renovación Popular, propone modificar el Código Penal para establecer sanciones de cárcel contra conductores que pongan en riesgo concreto la vida o integridad de otras personas, una iniciativa que alcanza a los transportistas informales que presten servicios sin la habilitación correspondiente. Contempla penas de prisión cuando sus conductas generen un peligro concreto para terceros.

Aunque el Proyecto de Ley 00185-2026-2031-CD establece que la informalidad, por sí sola, no constituye un delito, la propuesta apunta a conductas que son frecuentes entre conductores que operan fuera de la formalidad. Para que estas acciones deriven en responsabilidad penal deberá acreditarse que generaron un peligro concreto.

En el caso de los taxis colectivos y otros servicios informales, existe un incentivo económico que favorece determinadas prácticas de riesgo: al no contar necesariamente con un ingreso fijo, algunos conductores pueden buscar realizar un mayor número de vueltas en menos tiempo para incrementar sus ganancias. Esa lógica puede traducirse en exceso de velocidad, maniobras peligrosas o incumplimiento de las normas de tránsito, poniendo en riesgo a pasajeros, peatones y otros conductores.

A ello se suman otras características de la informalidad, como la ausencia de rutas y paraderos autorizados y, en determinados casos, la falta de elementos de identificación que permitan reconocer fácilmente a las unidades y diferenciarlas de los vehículos habilitados.

Un proyecto y tres escenarios: cárcel para transportistas informales y temerarios al volante

La propuesta contempla diferentes penas dependiendo de la conducta y de las condiciones en las que se produzca el riesgo.

El primer supuesto establece una pena de entre uno y tres años de prisión, además de inhabilitación, para quienes conduzcan vehículos destinados al transporte público de pasajeros, mercancías o carga y generen un peligro concreto mientras incumplen determinadas exigencias legales o técnicas. Entre ellas figuran no contar con licencia vigente o apropiada para el vehículo, circular sin SOAT vigente o no tener una inspección técnica vigente.

Un segundo escenario contempla la sanción más severa: entre cuatro y seis años de cárcel e inhabilitación para quienes presten servicios de transporte sin la habilitación correspondiente y, además, generen un peligro concreto para otras personas.

Finalmente, el proyecto considera penas de seis meses a dos años de prisión o entre 52 y 104 jornadas de prestación de servicios comunitarios para quienes conduzcan sin licencia, con una licencia vencida o cancelada, estando inhabilitados o utilizando una categoría de licencia que no corresponda al vehículo, siempre que su conducta produzca un peligro concreto.

La propuesta no se limita al transporte informal. También podría alcanzar a conductores que cuentan con autorización, pero que incumplan condiciones de seguridad y expongan efectivamente a terceros.

Rocha: no basta con ser informal

Aunque el proyecto para dictar pena de cárcel está dirigido a conductas frecuentes en el sector de transportistas informales, Roxana Rocha sostiene que el objetivo de la iniciativa es proteger a pasajeros, peatones y demás usuarios de las vías, independientemente de si el conductor cuenta o no con autorización para prestar el servicio.

La diputada ha remarcado que tener una autorización no exime a un conductor de cumplir las condiciones de seguridad. Al mismo tiempo, considera que tampoco debería bastar la falta de un documento o una infracción administrativa para enviar a una persona a prisión. Según explica, el elemento central que debe acreditarse es la existencia de un peligro concreto para la vida, la salud o la integridad física.

La parlamentaria también plantea que cualquier acusación tendría que apoyarse en hechos y pruebas verificables. En su interpretación, exigir la existencia de un riesgo concreto evita que la sola ausencia de una licencia, un seguro o una revisión técnica sea automáticamente considerada un delito.

La iniciativa señala, además, que la responsabilidad penal debe ser individual. Esto significa que el propietario de un vehículo no debería ser sancionado únicamente por ser el dueño de la unidad. La responsabilidad correspondería a quien haya participado directamente en la conducta delictiva, como autor o partícipe.

Otro punto incorporado es el respeto al principio de ne bis in idem, que impide que una persona sea sancionada o juzgada dos veces por los mismos hechos. Rocha sostiene que esta garantía debe ser observada por las autoridades durante la aplicación de la norma.

Los casos que podrían considerarse peligrosos

David Hernández, presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), también respalda la propuesta y considera necesario que las sanciones sean firmes frente a quienes realmente atenten contra la vida y la salud de las personas.

Hernández menciona como posibles ejemplos de peligro concreto aquellas situaciones en las que un conductor acelera deliberadamente para golpear a una persona o realiza una maniobra intencionalmente peligrosa en un lugar donde está prohibida. A su juicio, cuando existen evidencias claras y se puede demostrar una intención de agredir o generar un riesgo grave, corresponde que fiscales y jueces actúen conforme al marco legal.

Para el titular de la ATU, las medidas de control deben aplicarse de manera proporcional: no se trata de castigar indiscriminadamente cualquier infracción, sino de actuar con mayor contundencia contra quienes, de manera comprobada, ponen en peligro a otras personas.

El problema va más allá de las penas

El proyecto que propone dictar cárcel para transportistas informales y conductores que pongan en riesgo a los pasajeros también responde a una preocupación por la seguridad vial.

Datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, citados en torno a la iniciativa, revelan que entre enero de 2021 y marzo de 2024 se registraron más de 266 mil siniestros de tránsito. Estos dejaron más de 10 mil fallecidos y 175 mil personas lesionadas.

Además, entre 2021 y 2023, una parte importante de los conductores fallecidos no tenía licencia de conducir o circulaba con este documento vencido.

Sin embargo, Rocha reconoce que una modificación penal no resolverá el problema por sí sola. Considera necesarias otras medidas, como reforzar la fiscalización, promover la educación vial y mejorar la infraestructura. También propone establecer procedimientos confiables para obtener licencias de conducir.

A estas acciones suma la lucha contra la corrupción. Según este planteamiento, es necesario impedir que vehículos o conductores sigan operando al margen de las normas.

Hernández coincide en que se requieren estrategias permanentes de seguridad vial y una mayor formación ciudadana. Desde su perspectiva, el cambio no depende únicamente de los castigos. También exige promover conductas responsables entre conductores, pasajeros y peatones.

Proyecto para dictar cárcel a transportistas informales: «Necesitamos mejorar fiscalización»

Roberto Velez, gerente de A Movernos, consideró que el proyecto de ley para dictar cárcel a transportistas informales podría ser positivo, pero advirtió que su efectividad dependerá de la capacidad de las autoridades para fiscalizar su cumplimiento. A su juicio, la falta de controles y de aplicación de sanciones hace que muchas disposiciones terminen siendo irrelevantes. “De nada sirve implementar normas cuando sabemos que no van a ser puestas en práctica”, sostuvo.

En ese sentido, planteó reforzar la fiscalización mediante herramientas tecnológicas. Estas permitirían detectar infracciones sin depender exclusivamente de la presencia física de inspectores de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Como ejemplo, mencionó que los operadores de los buses del Metropolitano podrían reportar situaciones irregulares mediante fotografías. Estas deberían permitir identificar la placa del vehículo infractor y facilitar la aplicación de sanciones.

Según explicó, este tipo de mecanismos ya se utiliza en otros países.

Velez también consideró que la iniciativa podría contribuir a enfrentar situaciones en las que transportistas informales o colectiveros atropellan a inspectores de la ATU. Sin embargo, insistió en que la aprobación de nuevas disposiciones no será suficiente si no se garantiza su cumplimiento. “Lo que tenemos que hacer es mejorar la fiscalización”, remarcó.