Conductores de aplicativos ganan reclamos contra fiscalizaciones mientras persiste debate sobre regulación del sector

En Lima, las plataformas digitales de movilidad ya forman parte de los desplazamientos cotidianos, aunque el crecimiento del sector ocurre en un contexto de fiscalización y debate por las multas de la ATU impuestas a conductores aplicativos. Según cifras presentadas durante la conferencia “Movilidad y transporte, opciones políticas sobre ciudad”, realizada el 18 de junio de 2026, estas aplicaciones generan alrededor de medio millón de viajes diarios en la capital.

El crecimiento del servicio ocurre en paralelo a un escenario de alta congestión urbana. Durante el evento se recordó que Lima se mantiene entre las ciudades con mayores niveles de tráfico de la región y que un conductor pierde en promedio 195 horas al año en congestión vehicular.

En ese contexto, especialistas convocados al encuentro señalaron que los servicios de movilidad digital se han consolidado como una alternativa de desplazamiento dentro del ecosistema urbano y plantearon que el desafío regulatorio consiste en desarrollar mecanismos diferenciados frente a modelos tradicionales de transporte.

Sin embargo, mientras continúa el debate sobre el marco regulatorio para este tipo de servicios, un grupo de conductores afiliados a plataformas, perseguidos y sancionados con multas de hasta 16 mil soles, viene obteniendo resultados favorables en procesos administrativos y judiciales relacionados con fiscalizaciones realizadas por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Corte Superior de Justicia de Lima, abogados e Indecopi se pronuncian

Los casos ganados se sostienen en un argumento que ya aparece recogido en resoluciones y decisiones judiciales recientes: que determinadas facultades vinculadas al control del tránsito, la solicitud de documentación y la imposición de sanciones corresponden legalmente a la Policía Nacional del Perú (PNP), un criterio que ha sido utilizado por conductores de aplicativos para cuestionar intervenciones de la ATU y las multas impuestas durante sus operativos.

El tema se produce en un escenario donde el funcionamiento de las plataformas continúa sin un marco regulatorio específico que delimite completamente competencias y procedimientos de supervisión.

El último 5 de junio, la Corte Superior de Justicia de Lima estableció que solo los 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢́𝐚𝐬 𝐚𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐬𝐢𝐭𝐨 o de carreteras pueden 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬, solicitar documentos y 𝐞𝐦𝐢𝐭𝐢𝐫 𝐩𝐚𝐩𝐞𝐥𝐞𝐭𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐚𝐜𝐭𝐨, según lo determina el 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 en el expediente 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟒-𝟐𝟎𝟐𝟏-𝐏𝐈/𝐓𝐂.

En esa discusión también han intervenido estudios jurídicos que vienen siguiendo los casos de fiscalización sobre conductores de aplicativos. Desde Palacios & Canevaro Abogados sostienen que existe una diferencia regulatoria de origen entre las plataformas y el servicio tradicional de taxi. En declaraciones recientes, el estudio recordó que Indecopi ha señalado que las plataformas de movilidad operan como intermediarios tecnológicos y no como empresas de taxi. Sin embargo, indican que bajo el criterio actualmente aplicado por la ATU, cualquier traslado de pasajeros a cambio de una contraprestación económica puede ser considerado servicio de taxi, lo que habilita exigencias de formalización y eventuales sanciones.

Conductores y plataformas cuestionan una regulación que aún no define sus límites

El estudio añade que el debate no se limita a la obligación de formalizarse, sino al alcance de las medidas exigidas y su impacto sobre derechos patrimoniales del conductor. Como ejemplo, menciona requisitos que podrían implicar modificaciones en el vehículo o asumir costos que afecten su valor de reventa. En ese contexto, plantean que toda actuación administrativa debe cumplir criterios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos por el marco legal.

El abogado Abel Balbín Ludeña, del estudio jurídico Balbín Ludeña & Asociados, señala que el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha reconocido que este tipo de plataformas todavía no dispone de una regulación específica, y por lo tanto, “si algo no es regulado, por consecuencia no es ilegal”.

De acuerdo con el especialista, esta falta de normas claras ha dado lugar durante años a diferentes interpretaciones sobre la forma en que debe tratarse esta actividad. Mientras el Congreso analiza proyectos orientados a ordenar el funcionamiento del sector, las plataformas digitales siguen operando dentro de un escenario legal que aún no define reglas particulares. La futura regulación, añade, debería precisar con claridad los derechos y responsabilidades de cada una de las partes involucradas.

La fiscalización de la ATU bajo cuestionamientos legales por las multas a aplicativos

De acuerdo con los reclamos presentados por conductores, uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la forma en que se ejecutan algunos operativos de control.

Conductores consultados para distintos procesos administrativos sostienen que, durante intervenciones, inspectores habrían requerido información directamente a pasajeros o levantado actas sobre la base de declaraciones obtenidas durante la fiscalización.

Los choferes también revelan que los inspectores se han hecho pasar por pasajeros y, de forma encubierta, les piden servicios falsos para sorprenderlos y sancionarlos.

Ese punto se ha convertido en uno de los elementos discutidos en sede administrativa y judicial.

Según los argumentos planteados en distintos expedientes, las facultades de control deben ejecutarse dentro de los límites establecidos por la normativa vigente y respetando la distribución de competencias entre entidades.

En varios de estos casos, los conductores han señalado que las multas aplicadas generan un impacto económico significativo y desproporcionado, y que el riesgo de sanciones se ha convertido en un factor de incertidumbre para continuar operando, cuando este es un modelo de negocio diferente al taxi y que ofrece mayor seguridad que el taxi tradicional.

Algunas sanciones vinculadas a fiscalización del transporte pueden alcanzar montos superiores a los 16 mil soles dependiendo de la infracción atribuida.

El debate sobre cómo regular a los conductores de aplicativo y las multas de la ATU

Carme Miralles-Guasch, investigadora internacional especializada en movilidad y transporte urbano, planteó que la regulación no debería orientarse únicamente desde una lógica restrictiva, sino considerar el papel que cumplen las nuevas soluciones de desplazamiento dentro de ciudades con problemas estructurales de movilidad.

Durante la exposición se sostuvo que los servicios operados mediante plataformas digitales presentan dinámicas distintas respecto del taxi convencional y que ello obliga a evaluar esquemas regulatorios específicos.

La discusión incluyó aspectos relacionados con supervisión, estándares de operación y mecanismos de control, pero también la necesidad de evitar que las medidas regulatorias generen efectos no previstos sobre la disponibilidad del servicio.

El vacío regulatorio que enfrenta a conductores de aplicativo con la fiscalización de la ATU

Representantes del sector señalaron durante el evento que una regulación diseñada bajo categorías tradicionales podría afectar la continuidad operativa de conductores y reducir opciones para los usuarios.

Este evento ocurre días después de que el portal de noticias A Movernos publicara los recientes intentos del congreso de regular las plataformas de movilidad, equiparándolas con el taxi tradicional. Entre los invitados estuvo Roberto Vélez, gerente general de la Asociación A Movernos.

“Algo que no se valora es la gran cantidad de información que los aplicativos tienen y que podrían compartir con la autoridad. Por ejemplo, los miles de viajes de origen a destino, que son más de un millón, podrían ayudar muchísimo a la autoridad a conocer las estadísticas y entender cómo es el comportamiento de la movilidad en la ciudad. Todo esto podría contribuir enormemente a mejorar la actuación de la ATU», sostuvo Vélez.

Conductores de aplicativo enfrentan multas de la ATU en un mercado sin regulación clara

Las cifras presentadas durante la conferencia muestran una penetración creciente de la movilidad digital.

Además del volumen de viajes diarios, se indicó que miles de personas utilizan estas plataformas como parte de sus desplazamientos habituales y que una proporción importante de usuarios pertenece a segmentos jóvenes y población económicamente activa.

«Los aplicativos de movilidad vienen demostrando que son una alternativa muy apreciada por cierto sector de la ciudadanía para movilizarse al trabajo o a su centro de estudios. La autoridad al momento de ejercer la regulación no debe restringir, sino más bien debe habilitar, tanto más si es una alternativa que tiene mayor preferencia numérica que utilizar un taxi y hasta casi la misma que realizar un traslado a través del metropolitano.

Se debe encontrar la forma de regular y diferenciar a los aplicativos de movilidad de los colectivos ilegales que si compiten con el transporte formal como es el propio Metropolitano o los Corredores complementarios», dice Roberto Vélez desde A Movernos.

El crecimiento ocurre mientras Lima continúa enfrentando problemas históricos de movilidad urbana, tiempos de traslado elevados y niveles de congestión que afectan productividad y calidad de vida.