¿Cómo sería la política de transporte en el gobierno de Keiko Fujimori?

La reforma de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), los cambios en el sistema de brevetes, la eliminación de la Ley de Puntos en favor de los conductores, la expansión del sistema ferroviario y la formalización del transporte interprovincial aparecen como los principales ejes de la política que impulsaría el gobierno de Keiko Fujimori. Varias de estas propuestas ponen en debate el equilibrio entre la flexibilización de la fiscalización, la seguridad vial y el fortalecimiento del sistema de transporte.

El plan de gobierno de Fuerza Popular dedicaba buena parte de su capítulo de infraestructura y transporte a proyectos de gran escala. Entre sus principales promesas figura la ejecución de las líneas 3, 4, 5 y 6 del Metro de Lima, con el objetivo de ampliar el sistema de transporte masivo y mejorar la movilidad metropolitana. También planteaba impulsar la formalización del transporte interprovincial mediante sistemas de control satelital y apoyo al cumplimiento de requisitos de formalidad. Además, establecer descuentos obligatorios para adultos mayores en el transporte terrestre.

En materia de seguridad vial, el documento propone implementar un Programa Nacional de Seguridad Vial con la meta de reducir en 30% la siniestralidad hacia el 2030 y desarrollar operativos simultáneos en carreteras y zonas urbanas consideradas críticas. Sin embargo, el plan prácticamente no desarrolla políticas relacionadas con educación vial, capacitación de conductores o modernización del sistema de licencias.

Keiko Fujimori, el transporte, los brevetes y la ATU

Más allá del documento oficial, recientemente la presidenta electa Keiko Fujimori ha puesto el foco a dos anuncios que podrían modificar significativamente el actual modelo de fiscalización: reformar la ATU y derogar la Ley de Puntos para conductores.

En recientes actividades con gremios de transportistas, sostuvo que los conductores enfrentan una doble presión: por un lado, las extorsiones de organizaciones criminales y, por otro, la acción sancionadora del Estado.

Bajo ese argumento anunció que impulsará una reforma de la ATU, eliminará la Ley de Puntos y promoverá mejores beneficios previsionales para los transportistas, además de reforzar la lucha contra las extorsiones mediante un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y el sistema financiero para rastrear las operaciones de las organizaciones criminales.

La propuesta de reformar la ATU no es nueva. Fujimori ya había ofrecido revisar el funcionamiento de esta entidad durante la campaña presidencial del 2021. La autoridad, creada en el 2019 para integrar la planificación y fiscalización del transporte en Lima y Callao, concentra buena parte del control sobre el transporte informal. También, la fiscalización de operadores y la implementación de la reforma del transporte urbano.

Las propuestas de Keiko Fujimori en debate

Para Roberto Vélez, gerente general de la Asociación A Movernos, el problema no radica en la existencia de la ATU, sino en las limitaciones con las que opera. En el debate sobre la reforma del transporte impulsada por Keiko Fujimori, el especialista sostiene que modificar la ATU debe ir acompañado de mayores competencias y autonomía institucional. «El primer requisito para resolver la crisis del transporte en Lima y Callao es contar con una autoridad metropolitana única, con competencias reales y capacidad de decisión», sostiene. Añade que ciudades como Ciudad de México, Santiago de Chile y Bogotá lograron transformar sus sistemas cuando concentraron la planificación, regulación y financiamiento del transporte en una sola institución. A su juicio, la ATU necesita mayor autonomía económica e institucional, además de continuidad en las políticas públicas para evitar que cada cambio de gobierno reinicie la reforma.

Además de la reforma de la ATU, otro de los anuncios de Keiko Fujimori en transporte que genera mayor debate es la derogatoria de la Ley de Puntos para los brevetes. Este mecanismo permite acumular sanciones por infracciones de tránsito y suspender o cancelar los brevetes o licencias de quienes reinciden en conductas de alto riesgo.

Según Vélez, cualquier modificación debe analizarse desde la perspectiva de la seguridad vial. «La falta de conductores no puede justificar una amnistía para quienes han cometido infracciones graves», advierte. El especialista considera que eliminar el sistema podría debilitar uno de los principales mecanismos para retirar de circulación a conductores peligrosos. No obstante, plantea revisar la proporcionalidad de las multas, ya que montos excesivos pueden favorecer intentos de soborno y hacer que las sanciones resulten impagables para muchos transportistas. Agrega que cualquier cambio en el sistema de brevetes debe priorizar la seguridad vial y no solo responder a las demandas del sector.

¿La legalización del colectivo?

El especialista agrega que toda reforma debe respetar el principio de la pirámide de la movilidad urbana, que coloca a los peatones como los usuarios con mayor prioridad, seguidos por ciclistas, usuarios de micromovilidad y transporte público. Desde esa perspectiva, señala que las decisiones no deberían privilegiar las necesidades operativas del transporte por encima de la protección de peatones, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Los anuncios de Fuerza Popular también contrastan con algunos antecedentes del propio partido. En el Congreso, la bancada fujimorista presentó en el 2019 iniciativas legislativas orientadas a legalizar el servicio de taxi colectivo de hasta ocho asientos, una modalidad cuestionada por especialistas en movilidad debido a que compite con el transporte público formal, incrementa la congestión y dificulta la planificación del sistema urbano.

A ello se suma un elemento político. Uno de los candidatos de Fuerza Popular a la Alcaldía de Lima es Samuel Daza, exdirigente del gremio de taxis colectivos. Según los registros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Daza registra una infracción M02 por conducir en estado de ebriedad, una de las faltas más graves contempladas en el Reglamento Nacional de Tránsito y precisamente una de las conductas que actualmente pueden llevar a la acumulación de puntos y a la suspensión de la licencia.

En conjunto, las propuestas de Keiko Fujimori dibujan una política de transporte con un fuerte énfasis en atender las demandas de los transportistas, sin embargo, la eventual eliminación de la Ley de Puntos, los cambios en el sistema de brevetes y la revisión del rol de la ATU abren interrogantes sobre cómo se compatibilizarán esas medidas con los objetivos de reducir la siniestralidad, fortalecer la institucionalidad y consolidar una reforma del transporte que Lima y Callao mantienen pendiente desde hace más de una década.