Eliminar la ATU: la propuesta electoral que devuelve el transporte a la política
Los candidatos que plantean eliminar la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) proponen devolver a la Municipalidad de Lima las funciones que actualmente concentra. Francis Allison y Daniel Urresti han planteado esta medida durante la campaña municipal, mientras que otras candidaturas también han propuesto desaparecer la entidad y modificar el actual modelo de gestión del transporte.
La propuesta supone un cambio en la estructura creada en 2019 para integrar la planificación, regulación, fiscalización y gestión del transporte urbano de Lima y Callao. La ATU asumió competencias que anteriormente estaban distribuidas entre distintas entidades y municipalidades.
Los candidatos que plantean eliminar la ATU cuestionan principalmente sus resultados, el sistema de fiscalización y las sanciones a los transportistas. Sin embargo, el eventual cierre de la entidad también plantea qué institución asumiría sus competencias y cómo se mantendría la integración entre Lima y Callao.
Candidatos plantean eliminar ATU durante campaña
Francis Allison, candidato a la Municipalidad de Lima, ha planteado derogar la Ley 30900, norma que creó la ATU. En agosto presentó una iniciativa legislativa en el Congreso con ese objetivo y cuestionó las multas impuestas por la autoridad a los transportistas.
Allison ha propuesto que las funciones regresen a la Municipalidad de Lima. También ha mencionado como referencia el modelo aplicado en Magdalena, donde se desarrolló un sistema de empadronamiento de vehículos.
Daniel Urresti también propone eliminar la ATU y devolver sus competencias a la Municipalidad de Lima. Su planteamiento incluye, además, una amnistía para transportistas informales y medidas orientadas a su formalización.
La propuesta de desaparecer la entidad tampoco se limita a la campaña municipal. En marzo, nueve candidatos presidenciales planteaban eliminar la ATU. Algunas de esas propuestas estaban vinculadas también con la formalización de los autos colectivos.
Renovación Popular ha incorporado igualmente la eliminación de la ATU dentro de sus planteamientos para la gestión municipal.
Qué cambiaría si se decide eliminar ATU
La ATU fue creada mediante la Ley 30900 con el objetivo de organizar y gestionar un Sistema Integrado de Transporte para Lima y Callao. Entre sus funciones están la planificación, regulación, fiscalización y gestión de los servicios de transporte urbano.
Antes de su creación, las competencias estaban repartidas entre la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad Provincial del Callao y otras entidades. Esto generaba, entre otros problemas, diferencias en las autorizaciones, rutas y mecanismos de fiscalización.
Los cambios que se producirían tras una eventual eliminación de esta entidad tendrían un impacto directo en los ciudadanos. Las competencias regresarían a las municipalidades y se tendría que reorganizar la gestión de los servicios que actualmente están bajo una autoridad común. Uno de los puntos en discusión es la integración del transporte. Una misma ruta puede atravesar distintos distritos y conectar Lima con Callao. Por ello, una modificación en las competencias municipales podría afectar la planificación conjunta del sistema.
También tendría que definirse quién asumiría funciones relacionadas con concesiones, rutas, fiscalización, integración tarifaria y medios de pago.
El costo de reemplazar una autoridad técnica
Roberto Vélez, gerente general de A Movernos, se ha pronunciado en contra de la propuesta. Su cuestionamiento se centra en el carácter técnico de la ATU frente a la naturaleza política de los gobiernos municipales. “Obviamente mi postura es en contra y me parece una locura”, señala Vélez. Según explica, la ATU es una entidad especializada en transporte, mientras que las municipalidades están sujetas a decisiones políticas y electorales. A su juicio, trasladar nuevamente esas competencias podría aumentar el riesgo de que determinadas decisiones respondan a criterios políticos.
“Lo más probable es que hagan cosas demagógicas. Lo que se debe hacer no es eliminar la ATU sino mejorar su gestión”, sostiene Vélez, quien considera que esto podría llevar a decisiones contrarias a criterios técnicos utilizados en planificación y gestión del transporte. El gerente de A Movernos también cuestiona la posibilidad de mantener un sistema integrado con competencias nuevamente distribuidas. “Si queremos tener un sistema integrado de transporte tiene que haber una autoridad única para que se encargue de tener una integración de transporte”, afirma.
La experiencia previa a la ATU
La discusión sobre eliminar la ATU también recupera un problema que existía antes de su creación: la fragmentación de las competencias de transporte. Durante años, Lima y Callao administraron de manera separada diferentes aspectos del transporte urbano. Las diferencias entre ambas jurisdicciones dificultaban la planificación de rutas y la coordinación de servicios metropolitanos.
La creación de la ATU buscó precisamente concentrar esas competencias en una sola institución. Por eso, una eventual eliminación no supondría únicamente cambiar el nombre o la institución responsable. Implicaría modificar nuevamente el esquema mediante el cual se toman decisiones sobre el transporte de ambas jurisdicciones.
Los candidatos que plantean eliminar la ATU deberán definir, por tanto, cómo se distribuirían esas competencias y qué mecanismo reemplazaría la coordinación que actualmente corresponde a la autoridad.
Una ATU cuestionada y con problemas de gestión
El cuestionamiento a la ATU no se limita a los candidatos. La entidad ha enfrentado críticas por sus procesos de fiscalización, las sanciones aplicadas a operadores y la gestión de sus autoridades. Su estabilidad institucional también ha sido un punto de preocupación para representantes del sector.
Hay varios cuestionamientos por los cambios frecuentes en la conducción de la institución. En pocos años, la ATU ha tenido varios presidentes. Esto plantea una discusión diferente: si los problemas de la entidad deben resolverse mediante su desaparición o mediante una reforma de su estructura y funcionamiento.
La primera alternativa es la que han escogido los candidatos mencionados. La segunda implicaría mantener una autoridad metropolitana, pero modificar aspectos relacionados con su gestión, fiscalización y estabilidad institucional.
El punto pendiente: qué reemplazará a la ATU
La principal pregunta que queda abierta en la propuesta de eliminar la ATU es qué institución asumirá todas sus actuales responsabilidades. Los candidatos han planteado devolver competencias a la Municipalidad de Lima, pero el transporte urbano de Lima y Callao involucra también a la Municipalidad Provincial del Callao y a servicios que atraviesan varias jurisdicciones.
Eso obliga a precisar cómo se autorizarán las rutas, quién fiscalizará a los operadores, cómo se administrarán las concesiones y qué entidad garantizará la integración del sistema. También queda por definir qué ocurriría con los mecanismos de pago y con la integración entre los diferentes servicios de transporte.
La discusión electoral, por ahora, está concentrada en la desaparición de la ATU y en las críticas a su funcionamiento. El siguiente paso será conocer cómo cada candidatura plantea organizar el sistema una vez que la autoridad deje de existir.
