Grúas en Barranco bajo la lupa: vecinos denuncian remolques injustificados y especialistas advierten que se repite el modelo cuestionado en Miraflores

Las grúas de la Municipalidad de Barranco vuelven a estar en el centro de las denuncias. Vecinos y conductores aseguran que vehículos estacionados en calles residenciales son trasladados al depósito pese a que, según sus testimonios, no existían señales claras de prohibición. Ni líneas amarillas ni obstáculos que justificaran la intervención.

El caso ocurre meses después de que el Tribunal Constitucional (TC) estableciera que las municipalidades distritales no tienen competencia para sancionar infracciones de tránsito ni remolcar vehículos mal estacionados en la vía pública, una función que corresponde a la Policía Nacional del Perú y a las autoridades competentes en materia de tránsito.

La sentencia 119/2025, emitida el 28 de abril del 2025, reveló sobre las nuevas fórmulas utilizadas por algunos municipios para mantener estas operaciones. Mientras las comunas sostienen que no intervienen vehículos por infracciones de tránsito, sino por afectar el espacio público, especialistas advierten que se trataría de una manera de esquivar los alcances del fallo. En otras palabras, los municipios seguían llevándose vehículos con grúas como si estuvieran sancionando una infracción de tránsito, pero en lugar de ampararse en las normas de tránsito —que solo facultan a la Policía— argumentaban que los autos ocupaban indebidamente el espacio público. Con esa figura continuaban remolcando las unidades y cobrando a los propietarios para recuperarlas.

Las grúas de Barranco: nuevas denuncias

En Barranco, los reclamos contra las grúas se multiplicaron en las últimas semanas. Vecinos señalan que las grúas recorren principalmente zonas cercanas al malecón y sectores residenciales, donde retiran vehículos que permanecen estacionados incluso por pocos minutos.

Uno de los casos corresponde una vecina del jirón Pérez Roca, quien dejó su vehículo estacionado cerca de su vivienda y, al salir, descubrió que ya no estaba. En el lugar encontró un sticker y un documento municipal donde se indicaba que el vehículo había sido retirado por una supuesta afectación del espacio público.

La vecina cuestionó que la sanción aplicada no correspondiera a una infracción de tránsito y aseguró que los documentos entregados por los fiscalizadores presentaban inconsistencias. Según explicó, el acta hacía referencia a características de la vía que no coincidían con la realidad del lugar y tampoco existía señalización preventiva que alertara sobre la prohibición de estacionar.

Para recuperar su vehículo tuvo que pagar alrededor de S/678. Según su testimonio, en el depósito encontró a otros propietarios que atravesaban una situación similar. Además, afirmó que en su cuadra se llegaron a retirar varios vehículos en un mismo día.

Otros conductores también denunciaron que las grúas estarían priorizando vehículos de mayor valor porque sus propietarios tendrían mayor capacidad económica para pagar las multas. Uno de ellos relató que un familiar dejó su automóvil cerca del parque Los Héroes y, al regresar horas después, pensó inicialmente que había sido robado hasta que descubrió que había sido trasladado por una grúa municipal.

Grúas de Barranco bajo cuestionamiento

La periodista Milagros Leiva denunció el último 18 de julio que una grúa de la Municipalidad de Barranco remolcó su vehículo pese a que, según afirmó, estaba estacionado en una calle sin línea amarilla, sin señal de prohibido estacionar y sin obstruir el tránsito. A través de sus redes sociales calificó lo ocurrido como un presunto abuso con fines recaudatorios y aseguró que, al acudir al depósito municipal, encontró a más de diez conductores en la misma situación, todos obligados a pagar alrededor de S/680 para recuperar sus vehículos.

El municipio de Barranco sostiene una posición distinta. La comuna afirma que sus intervenciones se realizan bajo la Ordenanza N.° 670-2025 y la Ley de Gestión y Protección de Espacios Públicos. Según su argumento, los vehículos son considerados “bienes muebles” que pueden ser retirados cuando ocupan indebidamente una zona destinada al uso público.

La municipalidad asegura que no aplica papeletas de tránsito y que las sanciones son administrativas. También sostiene que las intervenciones son grabadas y que los propietarios tienen mecanismos para presentar descargos y recursos de apelación.

Sin embargo, especialistas consideran que este argumento ya fue utilizado anteriormente por otros municipios y podría representar una forma de evadir la decisión del TC.

El antecedente más cuestionado ocurrió en Miraflores. Allí, el modelo de operación de grúas generó críticas por la estructura económica del contrato firmado entre la empresa operadora y la municipalidad. El acuerdo establecía una meta mínima de remolques. Si la empresa no trasladaba alrededor de 30 vehículos diarios —equivalentes a unos 900 al mes— podía recibir penalidades.

Antecedentes e incentivos económicos

Para especialistas, esa condición sobre las grúas de Barranco generaba un incentivo perverso. Mientras más vehículos fueran retirados, mayores posibilidades existían de cumplir los objetivos del contrato. Esto podía convertir una herramienta destinada a ordenar el tránsito en una actividad con presión por generar ingresos.

Ese esquema fue cuestionado porque podía llevar a que las grúas busquen vehículos para remolcar incluso en situaciones discutibles. Ello, en lugar de concentrarse  en casos donde existiera una afectación evidente a la circulación o seguridad vial.

Ahora, las denuncias en Barranco han reabierto el debate sobre si los municipios están utilizando nuevas denominaciones para mantener el negocio.

Abogados y expertos sostienen que una municipalidad no puede transformar una infracción vehicular en una supuesta falta administrativa.

“Las multas administrativas deben tener como finalidad corregir una conducta indebida. No deben convertirse en un mecanismo de recaudación. Para eso es indispensable que las municipalidades informen claramente qué está prohibido y que exista una adecuada señalización. Cuando no hay reglas, la fiscalización pierde su objetivo educativo y termina convirtiéndose en una herramienta para generar ingresos”, señaló Roberto Vélez, gerente general de A Movernos.

“Nadie cuestiona que se sancione a quienes estacionan donde está prohibido, porque eso genera desorden y afecta la circulación. El problema aparece cuando las autoridades no informan ni señalizan adecuadamente y utilizan las grúas como una forma de recaudación. Una multa debe buscar cambiar una conducta, no convertirse en un negocio”, afirmó Roberto Vélez, gerente general de A Movernos.